Organismo judicial activo durante la II República, establecido por la Constitución de 1931, que inició sus trabajos en septiembre de 1933, tras las primeras elecciones de vocales regionales. Estaba integrado por un presidente, elegido por las Cortes, y por un conjunto de vocales, compuesto por dos diputados nacionales, dos representantes de los colegios de abogados, cuatro de las facultades de Derecho y uno por cada región del país, estos últimos elegidos por los ayuntamientos. Actuaba en los conflictos de competencias legislativas que pudieran existir entre el Estado y las distintas regiones autónomas y en los recursos de inconstitucionalidad presentados a las leyes, así como para determinar la posible responsabilidad criminal del jefe del Estado, de los ministros, del presidente del Gobierno y de los magistrados del Tribunal Supremo. Su composición, que reflejaba el apoyo municipal a las distintas fuerzas políticas españolas, podia determinar la efectividad de las medidas...